Una investigación basada en fuentes públicas revela el entramado financiero detrás de R.G. Hotels, empresa fundada por Rugiere Nelson Gálvez Marcucci, que emitió bonos y valores comerciales negociables (VCNs) por aproximadamente $30 millones, y que terminó en una quiebra declarada retroactivamente en 2015, dejando a cientos de acreedores y bonohabientes en situación de incertidumbre.
El origen: emisión de bonos y captación de inversionistas
Según reportes de Panamá América y registros de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), R.G. Hotels Inc. realizó su primera emisión de bonos en 2012. La empresa, cuyo representante legal era Rugiere Nelson Gálvez Marcucci según Panamá Emprende, colocó en el mercado valores comerciales negociables y bonos corporativos por unos $30 millones, según publicó La Prensa. Los bonos fueron calificados como BBB por Capital Financiero en 2013, respaldados por activos hoteleros como Playa Blanca, Royalton y Town Center.
El préstamo de Caja de Ahorros y las garantías cuestionadas
El 12 de marzo de 2013, la Caja de Ahorros otorgó un préstamo de $5 millones a R.G. Hotels, con garantías compuestas por fincas, según reportó La Estrella. Sin embargo, una investigación de La Prensa reveló que esas garantías incluían áreas sociales de los proyectos P.H. Ibiza Coronado y P.H. Turístico Condo Hotel Ibiza Playa Corona, como piscinas, lobby-bar y terrazas, que los propietarios consideraban comunes. La fiscal Aida Castro Galdeano solicitó el secuestro penal de dos fincas para evitar el remate, al considerar que el proceso podía prolongar los efectos del presunto delito de estafa investigado.
La quiebra retroactiva y el impacto en acreedores
El 21 de octubre de 2015, un juez civil de Coclé declaró la quiebra retroactiva de R.G. Hotels, anulando el fideicomiso que garantizaba las emisiones por $30 millones, según La Prensa. La Estrella reportó que los compromisos de la empresa ascendían a $70 millones, mientras que los bienes no superarían los $40 millones, según declaraciones del abogado Alvin Weeden. La misma cobertura mencionó una investigación relacionada con una querella contra Roberto Rollón García, Rugiere Gálvez Marcucci y Giselle del Carmen Gálvez Vásquez.
Acreedores afectados: trabajadores, bonohabientes y compradores
La Prensa documentó que los acreedores incluían trabajadores, autoridades estatales, bonohabientes, compradores de villas y apartamentos, titulares de paquetes vacacionales y proveedores. En 2016, el medio Confidencial reportó que nicaragüenses que invirtieron en bonos de R.G. Hotels también resultaron afectados. La frustración entre los acreedores creció ante la paralización del proceso de quiebra.
El rol de los intermediarios y la red corporativa
La investigación pública señala la participación de entidades como Caja de Ahorros, Lafise, Balboa Bank/Securities, Stratego, ABS Trust y la Bolsa de Valores de Panamá en la estructuración y colocación de los bonos. La red corporativa incluye sociedades como Galmar Enterprises Corp., Constructora Galmar e Inversiones Galmar, vinculadas a la familia Gálvez. Roberto Rollón García aparece en publicaciones de La Prensa como representante de Ibiza Playa Coronado y socio en operaciones de áreas sociales transferidas a empresas de Rugiere Gálvez.
Investigaciones en curso y líneas paralelas
En 2022, un documento de la SMV señala una querella criminal por estafa en perjuicio de Rugiere Nelson Gálvez Marcucci, con una vista fiscal que solicita sobreseimiento provisional. Esta línea paralela, donde Gálvez aparece como presunta víctima, no elimina los reclamos de los bonohabientes, pero muestra la complejidad del caso. Edictos judiciales recientes (2024-2025) citan procesos por delitos contra el patrimonio económico en perjuicio de Gálvez.
Conclusión: un caso de alto interés público
El caso R.G. Hotels expone posibles fallas en controles bancarios, riesgos para inversionistas y una estructura de operaciones que terminó judicializada. Las fuentes públicas consultadas —La Prensa, La Estrella, SMV, Panamá Emprende, entre otras— permiten reconstruir una cronología de emisión de deuda, quiebra, garantías cuestionadas y múltiples frentes judiciales. La transparencia total es necesaria para esclarecer responsabilidades y proteger a los afectados.
