Caja de Ahorros de Panamá ejecutó el secuestro de piscinas, lobbies y terrazas de residentes en Ibiza Coronado e Ibiza Playa Corona

La banca estatal aceptó como garantía de un préstamo de $5 millones bienes que la Ley de Propiedad Horizontal declara inalienables. Decenas de familias perdieron el acceso a sus áreas sociales de un día para otro.

Panamá | Economía y Justicia

El secuestro de 14 fincas registrales pertenecientes a las áreas comunes de los complejos turísticos Ibiza Playa Corona e Ibiza Playa Coronado dejó a decenas de propietarios sin acceso a la piscina, el lobby-bar, las terrazas y otros espacios colectivos que habían adquirido al comprar sus apartamentos. El hecho fue documentado por el diario La Prensa y expone una de las irregularidades más graves vinculadas al manejo de crédito en la banca estatal panameña de la última década.

El origen: un préstamo de $5 millones con garantías cuestionadas

Según información publicada por medios nacionales, la Caja de Ahorros otorgó en abril de 2013 un préstamo por aproximadamente $5 millones a la empresa R.G. Hotels, cuyo fundador es Rugiere Gálvez Marcucci. La garantía aceptada por el banco incluyó fincas que, en la práctica, correspondían a las áreas sociales de dos complejos de vivienda vacacional ubicados en las playas de Panamá.

El problema jurídico es de fondo: la Ley de Propiedad Horizontal panameña establece que las áreas comunes de un proyecto habitacional son bienes inalienables, es decir, no pueden ser segregadas, vendidas ni hipotecadas de forma independiente sin afectar los derechos de los copropietarios. Sin embargo, el banco estatal aceptó precisamente esas zonas como respaldo del crédito.

¿Cómo fue posible? Según la cobertura periodística, el promotor Roberto Rollón habría segregado las áreas comunes de los proyectos en fincas independientes y las habría transferido a empresas vinculadas a Rugiere Gálvez, quien posteriormente las utilizó como garantía ante la Caja de Ahorros para obtener el préstamo millonario.

Lo que perdieron los propietarios

Cuando R.G. Hotels incumplió el pago del crédito —cuyo saldo moroso ascendía a unos $4.7 millones al momento del secuestro— la Caja de Ahorros ejecutó la garantía. Los residentes de los complejos, que nada tenían que ver con la deuda, se encontraron con que:

• La piscina quedó bajo medida de secuestro y fuera de su alcance.
• El lobby y el lobby-bar fueron clausurados para los propietarios de los apartamentos.
• Las terrazas y áreas de uso común pasaron a ser zonas restringidas.
• Sus derechos como copropietarios quedaron en suspenso ante un conflicto que ellos no originaron.

Para estas familias, el daño no fue solo económico. Muchos habían adquirido sus unidades precisamente por la promesa de disfrutar de instalaciones de nivel turístico. La pérdida repentina de esos espacios representó una merma directa en el valor de sus inversiones y en su calidad de vida.

La fiscalía interviene para detener el remate

La situación se agravó cuando la Caja de Ahorros anunció la subasta de las fincas embargadas. Ante esa perspectiva, la Fiscalía Séptima de Circuito Penal de Panamá, a cargo de la fiscal Aida Castro Galdeano, presentó ante el Juzgado de Circuito Penal una solicitud de secuestro penal sobre dos de las fincas, con el objetivo de detener el remate.

El argumento de la fiscalía fue contundente: permitir que un tercero adquiriera esas propiedades en subasta pública «prolongaría los efectos del presunto delito de estafa» que se investiga. Si los bienes cambiaban de manos, la restitución a las víctimas se volvería aún más compleja e improbable.

El primer llamado a remate fue declarado desierto ante la ausencia de oferentes. Sin embargo, la Caja de Ahorros mantuvo su intención de llevar a cabo un segundo llamado, lo que intensificó la disputa judicial entre el banco estatal y la fiscalía.

Las responsabilidades bajo la lupa

La aprobación del crédito a R.G. Hotels se produjo durante la gestión de Riccardo Francolini como presidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros, en un período en que la entidad bancaria estaba integrada por allegados al entonces gobierno de Ricardo Martinelli. Esta coincidencia temporal ha sido señalada en la cobertura periodística como parte del contexto político en que se tomaron las decisiones crediticias.

La investigación penal avanza sobre dos ejes: por un lado, la presunta comisión de estafa agravada por parte de los operadores privados que estructuraron el crédito con garantías irregulares; por otro, la posible responsabilidad de los funcionarios bancarios que aprobaron una operación con garantías que, según los medios y la fiscalía, no debieron haber sido aceptadas.

Claves del caso

• Banco involucrado: Caja de Ahorros de Panamá (banca estatal)
• Empresa deudora: R.G. Hotels, Inc. (fundada por Rugiere Gálvez Marcucci)
• Monto del préstamo: $5 millones (saldo moroso: $4.7 millones)
• Bienes embargados: 14 fincas registrales que corresponden a áreas comunes de dos complejos turísticos
• Afectados directos: Propietarios de apartamentos en Ibiza Playa Corona e Ibiza Playa Coronado
• Estado judicial: Investigación penal activa; la fiscalía solicitó secuestro penal para frenar el remate
• Cargo investigado: Presunta estafa agravada y delitos contra el patrimonio económico

Fuentes: La Prensa de Panamá, La Estrella de Panamá, Fiscalía Séptima de Circuito Penal de Panamá.